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Exigen control de rentas para áreas no incorporadas del condado de L.A.

A Carolina Rodríguez de un día para otro, le subieron la renta en su departamento de dos recámaras de US$1,250 a $2,000.. Pero no se quedó de brazos cruzados y acudió a la corte. Un jurado determinó que debido al mal estado de su vivienda, debía pagar solo $1,050 por mes. “Lo que pasó fue que los dueños contra demandaron, ganaron y me volvieron a subir la renta a 2,000 dólares. De nuevo, volví a la corte y me la bajaron a 1,000 dólares”, cuenta. Rodríguez, madre de seis hijos de entre 3 a 20 años de edad, lleva un año y medio peleando contra el desmedido aumento al alquiler que le quieren imponer. Este problema se presentó cuando el anterior dueño vendió el edificio de apartamentos localizado en City Terrace a una compañía de inversionistas, y ésta aumentó las rentas por los cielos. “La mayoría de las familias en mi edificio se han visto forzadas a irse. Los nuevos dueños quieren rentar los departamentos a estudiantes a 500 pesos (dólares) por cama en cada cuarto”, dice.

Carolina Rodríguez exigió ayer un control de rentas a la supervisora Hilda Solís ya que le quieren aumentar la renta de 1,200 dólares a 2,000 dólares por mes. (Araceli Martínez/La Opinión).
Carolina Rodríguez exigió un control de rentas a la supervisora Hilda Solís. (Foto: Araceli Martínez/La Opinión)
Argumenta que ella ha peleado por mantenerse en el departamento con la misma renta porque la unidad no vale los 2,000 dólares que les quieren cobrar. “El departamento se encuentra en muy malas condiciones. La pintura de las paredes está toda descarapelada, la alfombra se está desprendiendo, el piso se hunde, los gabinetes no tienen puertas y estaba infestado de cucarachas”, observa.
A raíz de las quejas, los dueños comenzaron a hacer reparaciones. “Fueron a fumigar con un fumigante tan fuerte que me quemaron la cara”, se queja. Pero aunque arreglaran todos los desperfectos, Rodríguez dice que su esposo no puede pagar la renta de 2,000 dólares.
Los vecinos del Este de Los Ángeles han visto aumentar el alquiler de sus departamentos entre un 60 y 80% para obligarlos a dejarlos y rentar sus viviendas a precios más caros. (Araceli Martínez/La Opinión).
Los vecinos del Este de Los Ángeles han visto aumentar el alquiler de sus departamentos entre un 60 y 80% para obligarlos a dejar sus viviendas y rentar a precios más caros. (Foto: Araceli Martínez/La Opinión)
“Él trabaja como colocador de techos”, puntualiza.

Protesta

Junto con un grupo de vecinos, Rodríguez marchó ayer desde la Placita Olvera hasta las oficinas de la supervisora Hilda Solís para pedirle que los apoye a establecer un control de rentas y solicitarle una junta urgente para exponer el sufrimiento que viven. Leonardo Vilches de la Unión de Vecinos, una organización de comités vecinales, dijo que el caso de Rodríguez no es único. “Es un problema de todo el condado y California, pero en el Este de Los Ángeles hay menos protecciones para que los inquilinos puedan luchar por sus derechos”, explica. “Las rentas han subido entre un 60 y 80% en el este del condado de Los Ángeles con el único fin de obligar a las familias trabajadoras a salirse y rentar esos departamentos a estudiantes extranjeros que asisten a Cal State L.A., la Universidad del Sur de California y el Hospital General”, detalla. El resultado, expone, es que se sacrifica a las familias para traer estudiantes y arrojar a los vecinos a las calles. El próximo martes, Solís someterá a consideración de la Junta de Supervisores una moción que establecería protecciones para los arrendatarios residenciales y comerciales que viven en las áreas no incorporadas del condado. Russell Horning, director de desarrollo económico de la oficina de la supervisora Solís – quien atendió a los manifestantes – se comprometió a sostener una reunión con los vecinos lo más pronto posible para discutir el tema. “Nosotros representamos a un millón de individuos que viven en las áreas no incorporadas. Y queremos  su ayuda este martes porque necesitamos al menos tres votos para aprobar la moción”, subraya. En una primera etapa, la moción pide que en un periodo de 90 días se haga una evaluación completa de todas las herramientas con las que cuenta el condado para determinar las mejores prácticas de protección a los inquilinos. Después de eso, habrá otro período de 120 días para promulgar las protecciones en las áreas no incorporadas y en todo el condado.   Fuente: La Opinion

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